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Prostitutas embarazadas en madrid rey juan carlos prostitutas

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Lo que publicó la prensa de la época sobre su muerte. Los delitos comunes cometidos por el Rey Juan Carlos-I que esconde la justicia e información sobre gran parte de asuntos corruptos del Gobierno Español. N; y su DNI es: El gobierno Español busca su muerte para a si silenciar para siempre sus denuncias. Antonio Entonado Hormigo Responder. Para eso tienen las cloacas llenas de mierda, para estenderla en todas direcciones si ven peligrar su estatus de casta.

Sobre la lujuria y podredumbre humana del Borbon, nada extraña ya y de su abdicación y aforamiento exprés, menos. Todo lo dejó atado y bien atado….. Yo no soy listo pero he visto la frase y empiezo a entender que tiene mucho sentido. Como persona con problemas de salud veo cosas en Internet que quisiera que no fueran reales, me dan en que pensar. No sabía nada de este señor apodado La Araña y me gustaría saber toda la verdad ya que se dio a conocer así, quisiera que se le haga justicia, sé muy bien que hay quien no hace las cosas como debería, que existen abusos de autoridad con consecuencias muy malas para las dos partes, para el acusado y también para el que acusa, cuando entramos en ese juego, el malo queda como bueno, el bueno queda como si fuera malo y creo que todo tiene un límite.

Time limit is exhausted. Recibir un email con los siguientes comentarios a esta entrada. Recibir un email con cada nueva entrada. Es mi propósito contarles simplemente lo que veo y oigo aquí, pues a menudo no lo encuentro reflejado en los medios de comunicación.

Ya lo dijo Larra y poco ha cambiado: Los libros del espía. Términos y política de privacidad. Acceder - - Designed by Gabfire Themes. El periodista del PP Isidro Cuberos reveló la existencia de 2 pisos francos antes de morir.

Ciudadanos, suicida como UPyD: A… Las presiones a Cs para que propicie elecciones…. Las autoridades pueden entonces, emitir regulaciones que impliquen ciertas diferencias de trato, siempre que esas decisiones estén soportadas en una razón suficiente, es decir, constitucionalmente legítima o admisible [11].

En tal sentido, las medidas deben ser razonables y proporcionales [12] , juicio de igualdad de origen europeo [13] , que ha constituido una herramienta analítica poderosa para la aplicación del concepto. Con todo, como también expresó esta Corporación en las sentencias C de y C de , ante la diversidad de materias sobre las que puede recaer la actuación del Estado, se encontró oportuno incluir en el estudio de la igualdad por parte del juez constitucional, herramientas hermenéuticas de origen estadounidense, que hacen posible realizar escrutinios con diferentes grados de intensidad.

De tal suerte, el test de igualdad norteamericano se caracteriza porque el examen se desarrolla mediante tres niveles de intensidad. Con referencia particular a la ley, se ha dicho entonces que i por regla general se aplica un control débil o flexible, en el cual el estudio se limita a determinar si la medida adoptada por el legislador es potencialmente adecuada o idónea para alcanzar un fin que no se encuentra prohibido por la Constitución; ii el juicio intermedio se aplica a escenarios en los que la autoridad ha adoptado medidas de diferenciación positiva acciones afirmativas.

Formas de neutralizar la discriminación y garantías de igualdad material para los sujetos víctimas de ella. Dicho con brevedad, una discriminación se presenta cuando se adoptan tratos diferenciados entre personas o grupos en situaciones similares, sin que exista para ello una razón legítima. En la sentencia C de , señaló la Corte: Por ello, se puede señalar que cuando entren en juego los derechos de grupos de especial protección , dentro de los que se incluyen los grupos tradicionalmente discriminados , y sean introducidas normas jurídicas que supongan para ellos afectación o disminución de sus derechos, opera prima facie una presunción de discriminación, basada en los criterios sospechosos que su trato desigual plantea.

Dicho de otro modo, para preservar la validez y vigencia de tal Derecho, resulta necesario desvirtuar este supuesto de hecho discriminatorio del que se parte [19]. En tales circunstancias se emplea el mencionado escrutinio judicial estricto [20] , conforme al cual se debe demostrar que la actuación y las reglas dispuestas, a pesar de generar un efecto adverso en un grupo marginado o discriminado, obedece i a una finalidad imperiosa, ii es necesaria para lograr dicha finalidad y iii es proporcionada, en el sentido de no sacrificar en exceso otros intereses constitucionalmente específicos en aras de promover la finalidad.

Lo que ocurre es que los operadores jurídicos deben justificar las medidas discriminatorias que adoptan. De tal suerte, si la regulación legal produce como resultado la discriminación, a cambio de partir de la presunción de constitucionalidad, el juez constitucional debe juzgarla bajo el criterio de sospecha y por tanto sujeta al test estricto de igualdad.

A su vez los jueces, en el desarrollo de los procesos y en la aplicación del Derecho, les corresponde proteger el valor, el principio y del derecho fundamental a la igualdad, como parte de las garantías del debido proceso art.

O sea, igualdad ante la ley, igualdad en el respeto a las formas procesales, pero también en la prevalencia del derecho sustancial, igualdad ante las diferentes ideas de justicia que admite y reclama el Estado social constitucional.

Y en la medida en que la prohibición de la discriminación como garantía del principio y derecho relacional de la igualdad parece evidenciarse no sólo como propia al discurso constitucional de algunos Estados, sino poco a poco, como norma del ius cogens , aceptada y reconocida por la comunidad internacional como un todo en tanto normas perentorias o imperativas respecto de las que no se permiten derogaciones, también y por su misma fuerza imperativa, se convierte en parte de los principios que estructuran las relaciones entre particulares.

Es decir que los individuos, las personas jurídicas, las empresas privadas son también responsables de la aplicación de la igualdad, en el marco de sus facultades y libertades, del ejercicio de su autonomía privada y de su forma de obrar como operadores de derechos fundamentales y legales de otros individuos [22].

La prostitución como fenómeno social ha sido desde siempre tratada por el Derecho [25]. En la actualidad su regulación es variada y constituye un buen ejemplo de régimen jurídico mixto de ordenación, en el que se disciplina la actividad al mismo tiempo que sus prohibiciones, limitaciones y autorizaciones.

La regulación de la prostitución en el Derecho comparado. Siguiendo el trabajo de Rey, Mata y Serrano [26] , el fenómeno de la prostitución ha sido tratado por el Derecho desde tres modelos tradicionales: El modelo prohibicionista excluye el comercio carnal, de modo que el Derecho lo contempla pero para prohibirlo y sancionarlo.

El modelo abolicionista pretende, desde el punto de vista jurídico, la ausencia total de reconocimiento del fenómeno y de las actividades conexas por parte del orden jurídico. Lo que se elimina no es el hecho en sí de la prostitución, sino la aceptación de su existencia y por tanto de regulación normativa.

Su fundamento se ha encontrado en la necesidad de proteger la familia, pero también la dignidad de las mujeres. De tal suerte, se excluye la punición de la actividad individual, aunque se puede perseguir la organización de negocios destinados a la prestación de servicios sexuales. El modelo reglamentista , difundido en Europa tras las conquistas napoleónicas, tiende a reconocer la prostitución como un mal social que al no poderse combatir, debe ser regulado a fin de evitar los efectos perniciosos relacionados con la salud, el orden social, la convivencia y buenas costumbres, que pudieren derivar de su ejercicio.

Esto significa que, antes que proteger a la persona que ejerce la prostitución, el Derecho cuida al cliente para quien se asegura un servicio con calidad y también a la comunidad, circunscribiendo el desarrollo de la misma a determinados territorios, Y, de modo indirecto, también se protege a quienes viven de la prostitución sin ejercerla, pues con la reglamentación se autoriza la explotación de establecimientos de comercio en los que se presta el servicio o se facilita el contacto entre trabajador o trabajadora sexual y clientes.

Naturalmente, en todos los modelos se persigue como delito la prostitución forzosa. Así ocurría en la Europa premoderna, donde se ponía especial énfasis en la sanción de la prostituta en lugar del cliente. En cambio, en algunas variantes actuales del neo-prohibicionismo, la intervención en la demanda asume una importancia fundamental, como en el caso de Suecia, donde desde entró en vigor una ley que condena al usuario de prestaciones sexuales, aplaudida en su momento por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo.

Inglaterra, desde mediados del siglo XIX, ha seguido un modelo abolicionista, que aunque no sanciona la venta de prestaciones sexuales ni condena al cliente, sí prohíbe la explotación de la prostitución así como el acto d inducir a la misma. En países como Italia y Francia, por ejemplo, no se encuentra prohibido ejercer el oficio, no obstante ser ilegal la organización de actividades, locales, dedicados a la prostitución, al igual que el proxenetismo.

Por ejemplo en Holanda, el empresario debe concertar un acuerdo laboral escrito, debe garantizar la seguridad del servicio en términos sanitarios, las localidades han de contar con oficinas para presentar quejas contra la administración de los negocios de esta índole. Infortunadamente, el paso a la formalidad, ha incentivado empero la clandestinidad pues las contribuciones y cargas que asume el empresario y el trabajador son mayores y en el plazo inmediato los ingresos de unos y otros se han reducido sustancialmente.

En Alemania, se ha previsto una mayor cobertura social, facilitando a las y los trabajadores sexuales que su actividad esté legalmente asegurada, bien como trabajo por cuenta ajena, bien de manera autónoma o independiente.

Igualmente se reconocen límites al poder de subordinación patronal, dadas las características del servicio que se presta y en las que debe primar la voluntad de quien desarrolla directamente el trabajo. Sólo caben exigencias en términos de tiempo y lugar del trabajo. Se reconocen derechos a los trabajadores sexuales relacionados con sus libertades y también con el acceso a beneficios propios de quien emplea su fuerza de trabajo.

El funcionamiento de los establecimientos donde se ofrece el servicio sexual, requiere en general de licencia, salvo el caso de micro-empresas. Pues bien, del estudio de varios regímenes jurídicos de los Estados se establecen como conclusiones principales frente al tema las que vienen [32]: La prostitución en el Derecho internacional.

El tratamiento de la prostitución por parte del Derecho internacional tiene por objeto la supresión y persecución del fenómeno, en cuanto se halla vinculado con delitos como la trata de personas o la explotación de seres humanos para alcanzar cuantiosos beneficios económicos.

Así mismo, se comprometen a castigar las casas dedicadas a la prostitución, a provocar su disminución y represión art. La promoción de la prostitución es calificada como infracción y acto delictuoso art.

Se dispone sobre el compromiso de los Estados para suprimir las normas jurídicas que impongan a quien ejerce la prostitución a inscribirse en registros o a poseer documentos especiales de identificación art. En ésta se dispuso en su art.

Así mismo, se obliga a los Estados firmantes, a establecer como delito las conductas a que se refiere el convenio, a proteger las víctimas, asistirlas y otorgarles derechos, así como a establecer políticas de prevención y control art. Por esa vía, la ONU recrimina la prostitución como fuente de esclavitud, reprobada por el Protocolo para modificar la convención sobre la esclavitud, aprobado por la Asamblea General el 23 de octubre de Por ello sirven también como referencias desde el Derecho internacional sobre la materia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Convención de Palermo y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente en Mujeres y Niños [40].

T, aunque no existen pronunciamientos expresos sobre la prostitución, pueden encontrarse referencias valiosas en el Convenio no. El Derecho internacional entonces, no ha sido ajeno al fenómeno de la prostitución que, asociado con la trata de personas, se ha reconocido como una acción dañina sobre la persona sometida, próxima a la incursión de otros delitos, pero también a la generación de consecuencias humanas y sociales, como la proliferación de enfermedades venéreas, el deterioro de la integridad familiar y en general, de las condiciones de vida de quienes la ejercen.

En esa línea, sus normas se debaten entre el modelo prohibicionista y el abolicionista , con la punición de quienes promuevan como negocio la prostitución ajena y con la imposición para los Estados de adoptar medidas preventivas y rehabilitadoras. Algunas consideraciones adicionales desde el Derecho europeo. Mas, aparte de esta percepción plenamente justificada y compatible con los valores de la cultura europea, cabe destacar igualmente la postura adoptada sobre la materia, cuando se analiza a partir del Derecho comunitario y de los principios económicos que lo han inspirado.

Estimó el Tribunal a este respecto, que no se apreciaba en los referidos acuerdos, una pretensión de limitar sus efectos a ciertas y determinadas actividades.

Pero no se queda allí el estudio. Mas agrega en seguida: Con base en las anteriores razones, respondió al juez nacional que con las restricciones propias a los acuerdos suscritos entre los Estados relacionados con el caso, estimaba que la persona que ejercía la prostitución podía ser considerada como titular de la libertad de circulación por territorio europeo, a los efectos de realizar actividades económicas o actividades no asalariadas.

Y así, q ueda por tanto claro, el reconocimiento jurídico de la prostitución como actividad económica, al menos en lo que hace a su ejercicio por cuenta propia. El Derecho colombiano ante la prostitución: El Derecho colombiano recoge sin grandes mutaciones las características destacadas en el derecho comparado e internacional, por contener la misma tendencia mixta o ecléctica, en la que se establecen medidas de todo tipo.

En efecto, como pasa a exponerse, existe una construcción compleja entre el régimen derivado del Derecho penal y el que se crea desde el Derecho policivo, por el cual la inducción de la prostitución con animus lucri faciendi es por sí sola punible bajo determinadas circunstancias 2. En el Código Penal Colombiano se pueden reconocer un conjunto de delitos que representan formas de reprimir parte de las formas comerciales en que la prostitución tiene lugar.

Así mismo se establecen, conforme la ley de , circunstancias de agravación punitiva relacionadas con la edad y condición de la víctima o relación con ella art. Sobre la constitucionalidad de esta disposición, se pronunció recientemente la Corte constitucional en sentencia C de , cuando resolvió la demanda por la cual se estimaba que con el art. En seguida, revisa el fenómeno de la prostitución en la jurisprudencia constitucional, desde el cual observa que dicho fenómeno es transversal a la cultura y a la historia de las civilizaciones y que, dada su magnitud y su impacto social, los Estados han preferido adoptar mecanismos preventivos de control, antes que medidas definitivas de erradicación [49].

A partir de lo anterior, estima que es legítimo suponer que el legislador puede penalizar las conductas dirigidas a promover, estimular y patrocinar la explotación sexual del ser humano, por cuanto este oficio de suyo afrenta la dignidad de la persona humana que la ejerce, fundamento del Estado art. Con base en tales reglas, reconoce la afectación social de la conducta descrita en el art.

Por todo lo anterior encuentra que el tipo penal previsto en el art. O si, como afirma el actor en ese caso, la sanción prevista en el art. En este sentido, observa cómo pueden limitar legítimamente dicha libertad los deberes constitucionales de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios art.

Lo mismo en lo que toca con el derecho a escoger libremente profesión u oficio, derecho igualmente limitable en guarda del interés general, o de evitar la lesión de otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos. En esa medida el art. No hace parte de la libertad de sujeto alguno llevar a la prostitución a nadie y toda conducta destinada a tal propósito, teniendo como incentivo la percepción de lucro, acarrea responsabilidades penales.

Sin embargo, como a continuación se expone, la punición no alcanza a la persona que directamente ejerce la prostitución ni a toda actividad ejercida por los dueños de locales comerciales donde la misma se practica. La prostitución desde el Derecho policivo. Aparte de la ordenación penal que se acaba de describir, se observan otras medidas legales orientadas a la reglamentación de la actividad desde el punto de vista urbanístico y de policía, así como a otras tantas de vocación abolicionista.

En este sentido se habilitan competencias a las entidades territoriales para regular dicho manejo del suelo. En el artículo , modificado por el artículo del Decreto de , se establece como definición sobre quién se desempeña en el oficio: A continuación se aprecia el artículo , en el que se consagra: Es decir que la actividad como tal, no puede ser objeto de sanción por sí misma.

Disposición que como la interpretó la Corte Suprema de Justicia en su momento, no supone poder de sanción sino facultad para reglamentar la actividad, incluso para garantizar su correcto ejercicio [53]. Así, conforme al art. Y en el artículo De lo anterior se desprende que el tratamiento desde el Derecho policivo, concibe la actividad como regulable, a través de la reglamentación dispuesta por los entes departamental y municipal, pero cuyo ejercicio no es punible, aunque tampoco deseable, por lo que reclama medidas por parte del Estado.

En este marco, aparece el Acuerdo No. En dicho capítulo, se prevé en primer lugar, un deber genérico de respeto y no intromisión, cuando el artículo 46 prescribe: Así en el artículo 50, se reconoce la normatividad a la que se deben someter la ubicación de los establecimientos donde se ejerza la prostitución [54].

Portar el documento de identidad y el carné de afiliación al Sistema General de Seguridad en Salud;. Asistir al servicio de salud para las actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como en caso de enfermedad o embarazo,.

Para el desarrollo seguro de su actividad, observar los medios de protección y las medidas que ordenen las autoridades sanitarias. Colaborar con las autoridades sanitarias que ejercen la prevención y el control de las enfermedades de transmisión sexual y atender sus indicaciones;.

Realizar el ejercicio de prostitución en las condiciones, sitios y zonas definidos por el Plan de Ordenamiento Territorial POT y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten;. Cumplir las reglas de convivencia ciudadana y respetar la tranquilidad, bienestar e integridad de las personas vecinas y de los peatones;.

Respetar los derechos de las personas que ejercen prostitución;. Utilizar las protecciones especiales y observar las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias;. No exigir ni aceptar prostitución de parte de una persona menor de edad;. No realizar ni permitir maltrato social, físico, psicológico o sexual a las personas que ejercen prostitución;. No exigir a quien ejerce prostitución el consumo de bebidas embriagantes, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o tóxicas.

Obtener para su funcionamiento el concepto sanitario expedido por la Secretaria Distrital de Salud o su delegado;.

Proveer o distribuir a las personas que ejercen prostitución y a quienes utilizan sus servicios, protecciones especiales para el desempeño de su actividad y facilitarles el cumplimiento de las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias;.

Colaborar con las autoridades sanitarias y de Policía cuando se realicen campañas de inspección y vigilancia;. Tratar dignamente a las personas que ejercen prostitución, evitar su rechazo y censura y la violación de sus derechos a la libre movilización y al desarrollo de la personalidad;. No permitir o propiciar el ingreso de personas menores de edad a estos establecimientos;. No permitir, favorecer o propiciar el abuso y la explotación sexual de menores de edad;.

No inducir o constreñir al ejercicio de prostitución a las personas o impedir, a quien lo realiza, retirarse del mismo si fuere su deseo;. No permitir, favorecer o propiciar la trata de personas;.

No obligar a quienes ejercen prostitución a ingerir bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas;. No permitir el porte de armas dentro del establecimiento;. No realizar ni permitir maltrato social, físico, psicológico o sexual a quienes ejercen prostitución;. No mantener en cautiverio o retener a quienes ejercen prostitución en el establecimiento, y.

No realizar publicidad de cualquier tipo, alusiva a esta actividad, en el establecimiento. Velar por el cumplimiento de los deberes y comportamientos de quienes ejercen prostitución en su establecimiento. Del estudio de la normatividad internacional, así como de la legislación penal, urbanística y de policía que de manera explícita y específica regulan la prostitución en Colombia y en el Distrito Capital, se encuentran como claves de la ordenación jurídica de la prostitución las siguientes: Es decir, que el Derecho prohíbe que alguien induzca a otro a prostituirse para obtener lucro, con independencia de que lo sea con persona plenamente capaz, conciente y que acepta voluntariamente la transacción; prohíbe naturalmente todo acto por el cual se fuerce a la prostitución a personas en condición de vulnerabilidad cualquiera.

Se trata pues de un sistema dispar que bien refleja las tendencias de la tradición jurídica frente a la prostitución. De allí la tensión permanente entre la tendencia a erradicar la actividad a través de la prohibición y la punición de conductas y la que apunta por otro lado a reconocer derechos para las personas que la ejercen y a legalizar explícitamente la actividad en general.

El a quo , aunque impuso medidas para que la Administración distrital atendiera el caso de la actora como madre gestante y lactante, niega la tutela de los derechos impetrados.

Visto así, reconoció que había derechos fundamentales en juego relacionados con la condición biológica y social de la actora, derechos fundamentales de prestación, de igualdad, con protección especial reforzada arts.

Unas razones que, en todo caso, acotan intensamente las formas como se puede ejercer la prostitución, al excluir relaciones contractuales de las que se deriven obligaciones y derechos. Por esto se hace necesario analizar la noción de licitud de las prestaciones y actos que conciben los sujetos, conforme a la Constitución y al derecho legislado 2. Licitud a la luz de la Constitución y en especial del principio de dignidad humana.

Por su particular incidencia existen dos elementos constitucionales de valor esencial para absolver la pregunta sobre la licitud o ilicitud de las prestaciones: En todo caso, los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes y lo que en ellas no se encuentre prohibido, prima facie se entiende permitido.

Junto con la libertad, dentro de las fuentes de definición de la licitud del acto de autonomía privada, se encuentra la dignidad humana art. Este enunciado normativo posee un significado inmenso en el ordenamiento constitucional colombiano como principio fundante, como principio constitucional y como derecho fundamental autónomo. Así precisó sobre los tres elementos: Tales valores se convierten en límites constitucionales definitivos a la disposición individual y al acuerdo de voluntades, pues son inherentes e inalienables.

Licitud a la luz del Derecho legislado. Así, el artículo del Código Civil, recogiendo la tradición jurídica proveniente desde el Derecho romano, establece las condiciones de validez de las obligaciones: Que sea legalmente capaz.

Que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Que recaiga sobre un objeto lícito. De los primeros ingredientes se desprende que no se crea derecho ni obligación, cuando la posición de derecho se asume por la fuerza o sin capacidad para adquirir responsabilidades exigibles.

Unos requisitos subjetivos y volitivos que se hallan en consonancia con el derecho de libertad o libre desarrollo de la personalidad, con el reconocimiento a la personalidad jurídica y con el derecho que de ellos se deriva, de la autonomía privada [71].

El artículo del Código civil C. El artículo C. De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Y conforme al artículo del C. Ahora bien, sobre la causa de las obligaciones, dice el artículo La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Finalmente, respecto otra vez de las dos nociones, dice el artículo CC.: La causa ilícita, por su parte, es la que tiene por motivos para celebrar el acto o contrato, razones expresamente prohibidas por la ley o contrarias a las buenas costumbres o a normas imperativas del ordenamiento.

Por esto es que se establece en el artículo C. En consonancia con la doctrina civilista, lo primero por advertir es que la licitud de la prestación o del objeto del contrato, no se desprende del bien o atribución patrimonial en sí mismos, sino de la forma como se haya calificado jurídicamente la actividad de los sujetos y el contenido de los actos de autonomía que ejecutan. Hay ilicitud del objeto, cuando se celebra un acto en el que se contemplan acciones expresamente excluidas de la libre disposición.

Esta noción evidencia un valor objetivo de interés esencial para el Estado. Así ocurre con el Derecho penal, el Derecho policivo, las medidas administrativas de ordenación y las restantes que así se reconozcan por el legislador. Todo a los efectos de que tal Derecho imperativo concreto, evidente y correctamente establecido, permita reconocer lo que delimita y restringe los derechos y facultades de la persona y de allí en adelante, sea posible el amplio despliegue de sus libertades [79].

La doctrina ha entendido de diversas maneras el concepto de buenas costumbres: Sin embargo, a la luz de la Constitución, estima la Sala que las buenas costumbres no pueden ser reconocidas sino dentro del Derecho y no como una figura paralela que pueda competir con él.

En ese sentido, su desarrollo y su reconocimiento, deben respetar las reglas jurídicas y los derechos de libertad y dignidad previstos. También, dados la pluralidad protegida y auspiciada por la Constitución art. Este mínimo de corrección equivale en la esfera individual , a que la noción de buenas costumbres como elemento para definir la licitud de una prestación, obligación o acto, deba operar en un espíritu de tolerancia como forma de respetar los principios de libertad y también de diferencia y sin reñir con el Estado de Derecho y el principio pro libertate.

Ahora bien, en la esfera colectiva la noción de buenas costumbres hace posible el cumplimiento de objetivos sociales constitucionales derivados de la fórmula de Estado del art.

Bajo la anterior perspectiva la Corte ha concluido que en la actualidad, la autonomía de la voluntad privada se manifiesta: Prostitución, variedad de situaciones frente al derecho. En esta figura, tres son las relaciones que se tejen: Las relaciones que aquí se plantean son diversas: Pasa entonces la Corte a estudiar el tema frente a la actividad en su conjunto 2.

La prostitución, una actividad lícita con límites estrechos. El anterior criterio contrasta en efecto, con la predisposición que en la modernidad se ha tenido respecto de la prostitución, reputada como una actividad indigna de la protección del derecho. De ahí también que en especial la juez de primera instancia en este proceso, haya despachado el problema jurídico laboral formulado por la actora, con el argumento sencillo y rotundo de que la relación reclamada presenta objeto ilícito por ir en contra de las buenas costumbres.

Una actividad económica reconocida por el Derecho. En efecto, con base en los elementos de juicio que preceden, la prostitución debe considerarse prima facie una actividad lícita. Sobre el particular, se decía en la sentencia C de , al estudiar una norma legal por la cual se reconocía como falta contra el honor militar, el asociarse o mantener notoria relación, entre otras personas, con prostitutas o el practicar o propiciar la prostitución: Así, en todas las modalidades descritas, para la persona que la ejerce representa el ejercicio de la libertad, el derecho y el deber del trabajo y también, de un oficio que debe escoger con libertad y autonomía artículos 25 y 26 CP , asumiendo las cargas y riesgos que supone, pero también, ante todo, con la expectativa legítima de que la prestación de los servicios que depara le permita obtener un beneficio económico.

Porque quien de manera independiente organiza en torno de la prostitución un negocio, sea bar, grill, discoteca, o reservado, o cualquiera de las modalidades existentes en el mercado, ejerce la libertad del art. Es cierto que, como quedó dicho, el tipo contemplado en el art. Pero la imposibilidad de promover el ejercicio del trabajo sexual como forma de activar el funcionamiento del negocio propio, no significa eliminar por entero el ejercicio de la actividad empresarial en comento.

Acceso al mercado e instalación en zonas de la urbe determinadas, derecho a competir con responsabilidades, procura de un beneficio económico sin inducir a los trabajadores sexuales ni coaccionarlos, contratación, dirección, organización, todo para la permanencia en el mercado o en su caso, también facultad de retiro.

El derecho comercial, el derecho tributario y el derecho indemnizatorio. En efecto, aunque sujeta a las restricciones que se derivan del alto impacto de la actividad, cuando la prostitución se ejerce en bares o establecimientos de comercio dedicados a ella, cabe como se ha dicho hablar allí de empresa, descrita en el art.

Registros que, como sucede en general con cualquier actividad comercial, permiten dar a conocer frente a terceros la existencia del establecimiento de comercio respectivo, a sus actos y datos de interés interpartes y para terceros, o en general para la seguridad jurídica [].

Y, como se advertía, también por ser actividad económica, la prostitución viene a ser reconocida por el Derecho del daño, al determinar órdenes judiciales para la reparación no ya de los perjuicios morales, sino materiales generados por la pérdida de la persona que prestaba el servicio. Así ocurrió cuando en sentencia del 7 de octubre de , el Consejo de Estado, Sección Tercera [] , revoca una decisión del a quo por la cual se había negado la pretensión del pago de perjuicios materiales reclamado por los hijos de una mujer que había muerto a manos de las FF.

El Consejo de Estado estima que en este caso era procedente reconocer tales perjuicios, sobre la base de las siguientes consideraciones: Es decir que una obstrucción del derecho al trabajo sexual y a la actividad económica lucrativa que gira en torno suyo, pueden ser objeto de lesiones jurídicamente relevantes y reparables, con lo cual se corrobora, a contrario sensu , una regla primordial del derecho de daños que debe ser interpretada de todas formas de manera restrictiva: Igualmente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia de 18 de septiembre de [] , rechazó las pruebas orientadas a desprestigiar a la víctima con base en su comportamiento sexual anterior, bajo el siguiente razonamiento: Es decir que frente al abuso sexual, opera igualmente la protección jurídica para quien ejerce la prostitución, porque al ser una actividad lícita con la que una persona se desarrolla económicamente, puede ésta no solo ser víctima del delito en mención, sino que también puede buscar el amparo jurídico para evitar que su oficio se convierta en excusa para desconocer sus derechos [].

Actividad lícita, con todo y las buenas costumbres. Así se desprende del principio general de libertad y de la propia dignidad humana como derecho fundamental. También se sustenta y con fuerza determinante, en que es el principio del trabajo y son las libertades económicas libertad de trabajo, derecho-deber del trabajo, autonomía privada y libre iniciativa económica, todas ellas ejercidas por personas libres, concientes, capaces , las primeras en proveer de los recursos con qué satisfacer las necesidades personales y familiares y aumentar el patrimonio.

Una interpretación así supondría una ruptura de la coherencia del orden normativo, una suerte de venire contra factum proprium de los operadores jurídicos [] , por la cual se admitiría que la ilicitud de los acuerdos relacionados con la prostitución va en contra de las buenas costumbres, cuando por otra parte el Derecho objetivo reconoce la actividad como económica, la registra, la grava, impone a sus actores deberes y también les reconoce derechos [].

Pero, como el Derecho sí ha regulado el fenómeno, lo reconoce, lo regla y ordena y como la prostitución puede hacer parte del libre desarrollo de la personalidad y del vivir como se quiera y del vivir bien el ganarse la vida , no es admisible disponer ex novo , a partir de una moralidad de jueces, la ilicitud de aquellos acuerdos, cuando en la prestación u obligación que se analice se han cumplido a cabalidad con los principios y reglas que la someten, cuando no hay coacción, ni inducción, cuando se pacta en libertad, como decisión propia, autónoma, sin afectación de la integridad física o moral.

Tales concepciones no pueden ser reconocidas como finalidad imperativa para un trato desigual ante la ley, ni el argumento de idoneidad o necesidad que fundamente una discriminación en contra de quienes ejercen la prostitución o, en le marco de la legalidad, viven de ella.

Y a este respecto vale la pena preguntarse: Bares, tabernas, discotecas, moteles, residencias, hoteles. Estos, le reconocen una comisión a aquellos, bien por el licor consumido con el cliente, bien sobre el costo que se cobra por la habitación, de manera que la prostitución en cuanto tal se entiende ejercida por cuenta propia.

Mas, aparte de tal modalidad, la opinio iuris pareciera estimar sin suficiente racionalidad ni fundamento [] , que no es admisible otro tipo de relación y en particular la derivada de un contrato de trabajo, pues una tal convención supondría objeto ilícito.

Así lo entendieron precisamente los jueces de instancia en este proceso de tutela. Apuntes sobre el contrato de trabajo y el Derecho laboral. En efecto dispone el artículo 22 del C. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. De esta disposición, en armonía con el art. En la sentencia C de , la Corte al estudiar este precepto y en particular la subordinación acusada en ese caso por atentar contra los derechos al trabajo, la libertad y el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, la dignidad humana, entre otros, señaló cómo es éste el elemento determinante que lo diferencia de otras relaciones de prestación de servicios.

Subordinación que es propia de la forma como se desenvuelven la propiedad privada y la libertad de empresa en los sistemas productivos de los regímenes políticos de estirpe liberal. Dicho elemento es diferenciador, no sólo frente a los contratos civiles y comerciales, sino frente a otras relaciones de trabajo existentes. Estas, reconocibles a través de diversas figuras como los contratos de prestación de servicios y las órdenes de servicios, entre otros, aunque en determinadas circunstancias han dado lugar al reconocimiento de derechos equiparables a los laborales [] , en todo caso se diferencian de estos en que no hay una relación en la que alguien se subordina a otra persona natural o jurídica que desarrolla una actividad económica independiente para prestar servicios o producir bienes para el mercado.

Sobre el salario, dice el art. También cabe destacar el artículo C. Las propinas que recibe el trabajador no constituyen salario.

E igualmente el artículo C. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc. A esta regla suma, la figura del salario integral. Se habla del principio de protección no sólo frente a la vida e integridad del trabajador art 56 C. De ahí el principio de favorabilidad art. De modo que siempre que se den las condiciones materiales de la relación de trabajo, viene a operar la presunción y corresponde al empleador desvirtuar la misma y demostrar que la relación con el trabajador es de otra naturaleza [].

A las anteriores precisiones deben sumarse otras, que resultan valiosas para el proceso. Y en cuanto al verbal, dice el artículo 38 C. La índole del trabajo y el sitio en donde ha de realizarse; 2. La cuantía y forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea, a destajo u otra cualquiera, y los períodos que regulen su pago; 3. También conviene, en repaso veloz, reconocer las obligaciones que asumen las partes del contrato.

En lo que hace al empleador, se aprecia la obligación general de brindar protección y seguridad al trabajador art. Son ellas el disponer de los bienes y recursos necesarios para la realización de las labores art.

También se consagra la de conceder los permisos de ley [] , expedir los certificados laborales requeridos, pagar los gastos de traslación del trabajador de su lugar de residencia, cumplir el reglamento y mantener la moralidad y el respeto a las leyes art. Se consagran adicionalmente otras obligaciones de no hacer art 59 C. El trabajador, por su parte, debe actuar con lealtad y obediencia art. Y como obligaciones especiales art.

Y en lo que se refiere a las prohibiciones art. Salvo las reglas especiales que prevalecen arts. Con estas disposiciones sumadas a los elementos esenciales, se observa que son objeto y causa del contrato de trabajo, las prestaciones de hacer, dar y los derechos de recibir un provecho.

Esto es, la prestación laboral para realizar por cuenta ajena , una obra o un servicio que siendo posibles, lícitos y determinados, sirvan a los intereses del empleador quien por aprovechar esa capacidad de trabajo, paga un salario acordado. Un contrato que entonces tiene por causa o finalidad de las partes, la ejecución del trabajo para el patrono y para el trabajador la obtención de una retribución prometida, lo que planteado desde el enfoque constitucional, representa entonces el ejercicio de libertades económicas de trabajo y de empresa , que como se ha visto, deben regirse por la Constitución, la ley y las buenas costumbres o valores culturales constitucionales que ellas representan.

Con todo, como observación particular sobre estos elementos, cabe destacar que interpretando el Derecho, la doctrina plantea que cuando se celebra un contrato sin que el trabajador tenga capacidad jurídica o cuando la prestación a la que se ha comprometido tenga objeto o causa ilícita, demostrada la buena fe de aquél, esto es, que desconocía la existencia de tales vicios, puede demandar el pago de sus acreencias laborales [].

En efecto, si bien se establece en el artículo 43 C. Con esta disposición, se dice, viene a reforzarse el sistema de garantías normativas propias del Derecho laboral, pues junto con la presunción del contrato de trabajo art. Esto en lo que se refiere a la descripción general del Derecho laboral.

Se presentan a continuación algunos elementos relacionados con el trabajador, relevantes en el caso. Condiciones subjetivas del trabajador: Para el caso de la mujer, que es también sujeto de especial protección que interesa en este asunto, en términos generales la discriminación ha estado basada en concepciones patriarcales de organización social y también en prejuicios por los cuales durante mucho tiempo el propio Derecho ha tenido a la mujer como sujeto inferior y por tanto subordinable.

De allí que uno de los leitmotiv del Estado constitucional, social de derecho y pluralista, haya sido precisamente el reconocer entre las muchas desigualdades existentes e intolerables, la de la mujer, a fin de superarla a partir de políticas de inclusión, reconocimiento de derechos específicos y naturalmente garantías jurídicas especiales []. Se protegen asimismo los derechos de los niños art. También el ordenamiento internacional ha dispuesto normatividad a fin de proteger a la mujer embarazada o lactante que trabaja.

Pues bien, tales mandatos han tenido ordenación legal específica en el artículo del Código Sustantivo de Trabajo, subrogado por el artículo 35 de la Ley 50 de , cuando prescribe: Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de su embarazo o lactancia. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del período de embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto, y sin autorización de las entidades de que trata el artículo siguiente.

Por ello determinó que el art. Por su parte, el artículo del CST, ordena al empleador acudir al inspector del trabajo, antes de proceder al despido de una mujer durante el periodo de embarazo o de lactancia, para que éste decida sobre la constitucionalidad y legalidad de la medida.

Es decir, que la estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo es un derecho cuya protección se manifiesta con la ineficacia del despido y el pago de las indemnizaciones determinadas en la ley, cuando el empleador no cumple con las formalidades legales. Al mismo tiempo, es una protección que, como lo ha ido perfilando la jurisprudencia de este Tribunal, se configura independientemente del tipo de relación laboral a la que esté sujeta, sea con contrato laboral, sea de otra naturaleza [].

Bajo este contexto y a fin de hacer efectiva su protección en el ordenamiento jurídico, se crea la presunción de que el despido aconteció en razón al estado de embarazo, cuando aquél ocurrió durante el período de gestación o durante los tres meses posteriores al parto y el empleador no hubiera solicitado la autorización de despido a la autoridad competente.

En este caso, con el objetivo de desvirtuar la presunción, al empleador le corresponde probar justa causa legal para la terminación de la relación laboral []. Así mismo, la mujer trabajadora también se protege cuando en ella se manifiesta la condición de madre cabeza de familia. Con todo, lo ha clarificado la jurisprudencia, esta condición no depende de una formalidad jurídica sino de las circunstancias materiales que la configuran [].

En adición se contempla en su artículo 18 que: La declaración y protección de derechos específicos a la mujer madre cabeza de familia, ha señalado esta Corporación [] , tiene los objetivos de: Lo que aquí se observa es un reconocimiento de lo muy especialmente tratada que ha de ser en el Estado colombiano, la mujer en cuanto tal, pero en particular la mujer madre y cabeza de familia, pues el apoyo que debe recibir del Estado tiene fundamento no sólo en el principio constitucional de igualdad contemplado en el art.

Contrato laboral entre persona que ejerce la prostitución y establecimiento de comercio: El problema jurídico que aquí se plantea, es si puede una persona aceptar obligarse a la prestación de servicios sexuales que desarrolla por cuenta ajena, sometida a condiciones de subordinación y dependencia, a cambio de un salario. Y si de ser la persona que ejerce la prostitución mujer, madre y cabeza de familia, puede en adición ampararse en la garantía de estabilidad reforzada laboral que se predica en general de este tipo de mujeres en sus relaciones laborales.

Estudiosos del derecho, así como organizaciones sociales, han formulado diversos argumentos desde los cuales se defiende una solución negativa o positiva a este interrogante []. De tal suerte, el subordinar la voluntad de alguien para que tenga tratos sexuales con un tercero, aparece contrario de modo radical con tales valores. De allí la repulsa que generalmente suscite formular el asunto.

Mas, estima la Sala que esta interpretación merece matices, pues de no aplicarlos estaría la Corte Constitucional, llamada, no se olvide, a amparar sin discriminación ninguna los derechos fundamentales de las personas y en particular los de aquellas que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, reproduciendo un comportamiento explicable pero insostenible desde el punto de vista de la eficacia que reclama la Norma suprema. De este modo, la actividad se desarrolla, pero partiendo del supuesto de la independencia absoluta del tales sujetos.

Sin duda, así lo estima la Sala. El titular del negocio o su administrador, conoce y consiente tales circunstancias de quienes prestan dicho servicio, siendo él quien controla las copas tomadas y quien suministra una ficha por cada consumición, para así abonar luego la comisión que corresponde.

Lo normal en estos casos, era que los contratos celebrados con las muchachas dedicadas a este oficio, fuesen orales y no estuvieren vinculadas a la seguridad social.

Sin embargo, gracias a la interpretación de los jueces laborales [] desde el año de , se ha venido reconociendo allí lo que es evidente, a saber, auténticos contratos de trabajo de los cuales se deben derivar todas las prestaciones y medidas de protección que amparan este tipo de acuerdos [].

Esta postura, empero, no se compadece con la adoptada por los mismos jueces también por los civiles , cuando el trabajo o prestación se presenta en sus verdaderos términos, esto es, para proveer de servicios sexuales []. Porque como lo describen los estudios arrimados al proceso [] , la misma se centra en la labor de reunirse con los clientes que asisten a los establecimientos de comercio, para que éstos consuman en su compañía el licor que allí se vende.

No se habla de servicios sexuales, sino simplemente de estrategias de seducción para incrementar el expendio de bebidas alcohólicas. No lo estima así la Sala. Los argumentos hasta ahora exhibidos se consideran suficientes para determinar que no es necesaria una manipulación perversa y pacata del Derecho viviente, como la que acaba de presentarse [].

Protecciones laborales plenas para la mujer trabajadora sexual por cuenta ajena? O si algunas garantías de protección laboral pueden ser, como ha ocurrido en otras actividades, extensibles a otras relaciones de trabajo distintas del contrato laboral propiamente dicho que también pueden tejerse en el ejercicio de la prostitución; si cabe reconocer contratos semejantes no ya con un establecimiento sino con un cliente en concreto.

Determinar si cabe reconocer un derecho a la asociación sindical o para crear cooperativas de trabajo asociado destinadas a la prestación de tal servicio. No puede la Sala pronunciarse sobre todos estos interrogantes. Mas, aparte de estos elementos de juicio, la Sala debe responder a la pregunta sobre si la aplicación del Derecho del trabajo para los trabajadores sexuales llega al punto de imponer por mandato judicial en aplicación de la Constitución y la ley, el derecho a ser reintegrado.

Por lo mismo, el Estado debe asegurar las oportunidades para que los sujetos puedan ejercer su libertad y determinar su desarrollo personal, un mecanismo considerado poderoso a efectos de promover el bienestar de los y las trabajadoras del sexo y el de sus familias [].

Solución del caso concreto. En otras palabras, los requisitos de procedibilidad son aquellos presupuestos indispensables, desde el punto de vista procesal, para ejercer una determinada acción, sin cuyo cumplimiento no es posible que el juez se pronuncie de fondo.

La procedibilidad desde el punto de vista de los sujetos de la acción de tutela, debe ser estudiada tanto por activa a. El sujeto activo de la acción y su condición de mujer cabeza de familia y trabajadora, gestante y lactante y perteneciente a un grupo históricamente discriminado, digna de protección especial por parte del Estado. De conformidad con la Constitución, el Decreto de y la jurisprudencia de esta Corte, la acción de tutela ahora estudiada es procedente desde el punto de vista de la accionante, toda vez que es ella una persona natural, por tanto sujeto de derechos fundamentales que reclama para sí y para su familia.

Pero también se reconoce en ella legitimación por activa para este mecanismo excepcional de los derechos fundamentales, por cuanto es mujer gestante al momento de interponer la tutela y en la actualidad lactante y madre cabeza de familia.

Condiciones a las que se suma el ser una persona inscrita en el SISBEN en el nivel 1 folio 34, cuaderno principal y el acudir a la tutela para exigir derechos que tienen origen en su actividad como prostituta. La condición material de ser madre cabeza de familia, se demuestra en el hecho de que la responsabilidad frente a sus hijos la asume sola, sin contar con la ayuda del padre de los niños.

El marido no lo conozco, pero no le ayuda. En fin, esta Sala de Revisión, recogiendo una tradición de la jurisprudencia de tutela, pero también haciendo efectiva una de las señas de identidad del Estado constitucional, estima que la acción ejercida por doña LAIS es procedente porque así lo determina la condición de prostituta que asume como base para su petición de amparo.

Pues el haber ejercido la prostitución no demerita sus condiciones personales para que sus derechos fundamentales sean protegidos por vía de tutela. Justo al revés, las refuerza.

Y esto es así, por las razones que se han aducido en esta providencia predicables enteramente respecto de LAIS, razones que, valga precisar, ha tenido muy claras la propia accionante, cuando en su declaración de parte recibida el 19 de febrero de en la Corte constitucional, afirmó con certeza: No me parece que uno sea una mala persona por desempeñar esa labor.

En este sentido, excluye a ALF de toda representación suya en el proceso []. Sobre si tiene con él un contrato de prestación de servicios o una sociedad con él, afirma: Cosa distinta es que los hechos se refieran a los administradores del establecimiento, pues fue con ellos con quienes tuvo lugar el contrato laboral alegado por actora.

Es decir, que aunque los derechos laborales iusfundamentales que se dicen vulnerados tuvieran lugar en actuaciones realizadas con el señor ALF o también con la señora BOREAL y no con ZOTO, aquellos representan a éste en lo que a obligaciones con los trabajadores se refiere.

En fin es ZOTO el sujeto pasivo del proceso pues por los hechos de la demanda, por los derechos que se estiman violados y muy en particular, por las pretensiones de la actora, es la persona jurídicamente responsable de la obligación laboral creada. Procedencia desde el punto de vista objetivo. Esta interpretación reconoce otra manifestación de la garantía constitucional para proteger a la madre trabajadora, al estimar procedente la tutela como vía judicial para hacer efectivos derechos laborales, pues para ellas como regentes del hogar, la privación de los mismos hasta las resultas del proceso ordinario, hacen a este mecanismo no idóneo ni eficaz.

Estas mismas circunstancias hacen igualmente que se pueda configurar un perjuicio irremediable, pues la situación del despido coloca a la mujer en cuestión y a sus hijos ante la amenaza inequívoca de quedar privados de su derecho al mínimo vital. Pues bien, en el presente asunto para la Sala no cabe duda alguna que todos estos elementos de procedibilidad se hallan reunidos.

Yo la vi como gorda yo le pregunté que si estaba embarazada y ella me decía que no … un policía … me dijo que esa muchacha estaba embarazada y no se podía tener … Es que ya estaba gorda y como nosotros no hacemos contrato con nadie, ya no se podía tener …. Y aunque desconoce la fecha del retiro precisó: Como quiera pues que se reclama la protección de derechos laborales fundamentales por una mujer trabajadora que ha sido despedida por causa de su estado de embarazo, la acción de tutela impetrada por LAIS resulta procedente también desde el punto de vista objetivo.

Una dimensión de raigambre constitucional, que a su vez determina las razones por las cuales es el juez de tutela, antes que el ordinario, el llamado a asumir la competencia para conocer del caso y para proveer, si las pruebas lo permiten, la protección judicial privilegiada del amparo constitucional que toda trabajadora, madre cabeza de familia, lactante o gestante posee, cuando su empleador incumple de manera injustificada y con grave afectación para sus condiciones de vida y de los suyos, las obligaciones laborales que conforme al Derecho le corresponden.

Prosperidad de la acción. Con las precisiones que ha ido efectuando la jurisprudencia constitucional, para la prosperidad de las pretensiones de tutela en el caso de la protección de derechos laborales fundamentales de las mujeres embarazadas o lactantes o madres cabeza de familia, deben hallarse acreditados en el expediente los siguientes hechos: De este modo, corresponde a la Sala establecer si en el proceso han quedado acreditados tales supuestos.

No obstante, antes de dicha verificación, debe primero la Sala determinar si la relación laboral supuesto de los hechos de la demanda existió y generó derechos y obligaciones, o si por el contrario, como afirmó el accionado, el reclamo de LAIS no tendría fundamento alguno, dado que ese contrato de trabajo nunca tuvo lugar ni por lo mismo pudo generar los derechos cuyo amparo se solicita 2.

Existencia de un contrato de trabajo. Para llegar a esta conclusión, la Sala debe tener en cuenta primero las presunciones y reglas del derecho probatorio que encuentra operantes en el caso concreto a. Las presunciones constitucionales y legales y los testigos sospechosos. Tres reglas probatorias deben ser tenidas en cuenta a los efectos de esclarecer los hechos objeto de debate: En primer lugar la presunción del artículo 24 del C.

T, modificado por el art. Esta presunción constitucional art. Es decir que con su afirmación simple no cumplió con la carga probatoria que la situación le merecía. En segundo lugar, la presunción contemplada en el artículo del CPC, modificado por el Decreto de , que dispone: En efecto, mediante Auto de 22 de enero de , junto con otras decisiones se citó al señor ZOTO para recibir declaración de parte, el día 18 de febrero del mismo año a las 8: Esto por cuanto al mencionado propietario del bar, señor ZOTO, no lo conocían; información que se reiteró en la segunda oportunidad en que fue el citador, por indicación telefónica de la señora BOREAL folio 22, tercer cuaderno.

Esta situación se confirmó mediante oficio proveniente de la Secretaría de la Corte folio 37 del tercer cuaderno. Durante la diligencia en la cual se tomó declaración al administrador general del bar, señor ALF, al preguntarle por el domicilio del propietario ZOTO, afirmó desconocerlo. Por ello se cita de nuevo, mediante correo certificado, para el día 6 de abril de a las 9: Sin embargo, el señor ZOTO no acudió a la citación.

A esta solicitud finalmente respondió la empresa anotada, informando que el oficio de citación se entregó en la dirección del Bar PANDEMO y fue recibido por persona identificada folio , tercer cuaderno. Conforme lo establecido en el art. Una disposición sobre la cual dijo la Corte constitucional en sentencia C de La prestación personal del servicio por cuenta ajena.

En cuanto a las labores de prostitución, lo reconoció la actora en la declaración ante la juez de primera instancia: En la demanda apuntó al respecto: Del mismo modo, señaló en la declaración ante la juez de instancia: Una situación que al ser conocida por el señor ALF, dio lugar al cambio de funciones, turno y sueldo.

Así, tenía la obligación de abrir el bar a las 12 m. Debía hacer todo el aseo y esperar a que las niñas llegaran y mientras tanto llamaba a los clientes para que subieran … Abría la puerta, sacaba un letrero con promoción de cerveza, subía y hacía el aseo que no se demoraba mucho.

Cuando llegaba un cliente, timbraba para avisarle a las niñas. Luego subía con él y le ofrecía trago. Y sobre las actividades que desarrolló desde el 22 de febrero de hasta cuando fue despedida: Seguía con las mismas labores que antes pero no aseaba porque el señor ELO se fue a vivir al bar.

Pero yo hacia labores de aseo también porque el señor ELO era descuidado. Pues ahí se toma trago con los clientes y les prestan el servicio sexual a los clientes. Pues antes si había habitaciones, ahorita ya cambió la actividad del negocio. Cuando LAIS trabajaba ahí sí había. Ahora es solo acompañamiento.

En ese tiempo sí había habitaciones. Ella se llamaba Sofia, ese es el nombre artístico de ella. Ella decía que no estaba embarazada.

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No sabía nada de este señor apodado La Araña y me gustaría saber toda la verdad ya que se dio a conocer así, quisiera que se le haga justicia, sé muy bien que hay quien no hace las cosas como debería, que existen abusos de autoridad con consecuencias muy malas para las dos partes, para el acusado y también para el que acusa, cuando entramos en ese juego, el malo queda como bueno, el bueno queda como si fuera malo y creo que todo tiene un límite.

Time limit is exhausted. Recibir un email con los siguientes comentarios a esta entrada. Recibir un email con cada nueva entrada. Es mi propósito contarles simplemente lo que veo y oigo aquí, pues a menudo no lo encuentro reflejado en los medios de comunicación. Ya lo dijo Larra y poco ha cambiado: Los libros del espía. Términos y política de privacidad. Acceder - - Designed by Gabfire Themes. El periodista del PP Isidro Cuberos reveló la existencia de 2 pisos francos antes de morir.

Ciudadanos, suicida como UPyD: A… Las presiones a Cs para que propicie elecciones…. Saved under Casa Real , Corrupción Tags: El extraño suicidio de la amiga del rey. El año bajo la primera fotografía no es correcto, debería ser Paco Martinez Soria tiene al menos otra hija. Hemeroteca Hemeroteca Elegir mes noviembre abril marzo febrero enero diciembre noviembre octubre septiembre agosto julio junio mayo abril marzo febrero enero diciembre noviembre octubre septiembre agosto julio junio mayo abril marzo febrero enero diciembre noviembre octubre septiembre agosto julio junio mayo abril febrero Aporta, como prueba de sus afirmaciones relacionadas con las medidas adoptadas por la Administración, lo que sigue: Comunicación remitida por vía fax, el día 24 de febrero de , suscrita por los señores BOREAL y ALF, en el que informan no poder asistir a la citación ordenada por la Sala de Revisión de este proceso, dados los impedimentos que supone su horario de trabajo folio Comunicación remitida vía fax por la señora DELFE, en la que explica las razones por las cuales no puede asistir a la citación, por hallarse en período de lactancia de una bebé de 4 meses y estar al cuidado de otra hija de 4 años folio Testimonio del señor ALF, recibido el día 18 de marzo de folios El mismo 18 de marzo de , a partir de las 3: El día 19 de marzo del año , a partir de las También sobre los mecanismos jurídicos particulares existentes por los cuales se facilita la integración en el sistema de seguridad social de las personas dedicadas al trabajo sexual, en particular para proteger la condición de las mujeres que ejercen el oficio cuando son madres de familia, se encuentran en estado de embarazo o son lactantes folios En cuanto a lo primero, el señor ZOTO no compareció en la fecha señalada, ni ha hecho saber su interés en presentarse al proceso.

En cuanto a lo segundo, mediante oficio recibido el 7 de abril de , el Subdirector Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico, respondió a la solicitud de la Sala folios , remitiendo la siguiente información: Decreto Distrital de , sobre límites territoriales donde se permitía la prestación de dicha actividad y se determina las condiciones que someten a las zonas de tolerancia.

Decreto Distrital de , sobre localización y funcionamiento de establecimientos dedicados al trabajo sexual. Incluyó específicas condiciones relacionadas con la salubridad, saneamiento, bienestar social, de seguridad, medioambientales, de reglamentación hotelera, arquitectónica y urbanística. Sobre salubridad se especifica, incluye el deber de afiliar a las trabajadoras al sistema de seguridad social en salud y controles médicos periódicos.

Decreto Distrital de Sobre éste se indica: Así mismo remite diferentes estudios sobre prostitución adelantados por el Distrito, que se relacionan a continuación. Mediante oficio de 28 de junio de de la Secretaría General de la Corte, se informó que debidamente comunicado el auto anterior mediante oficio OPT-A de 22 de junio y vencido el término establecido por la Sala, no se recibió respuesta alguna.

Se procedió entonces a remitir la comunicación respectiva mediante correo certificado, el cual nuevamente fue devuelto por destinatario desconocido folios , y tercer cuaderno.

En tales circunstancias y como quiera que el accionado no informó cambio de dirección para notificaciones, mediante auto de 26 de julio de , se ordenó la notificación prevista en el art. A juicio de la Sala, el presente asunto impone determinar si a la luz del artículo 13 constitucional y del discurso que desde él se proyecta en la totalidad del Estado social de derecho: Como reiteradamente se ha dicho por la Corte constitucional [5] , la igualdad es uno de los pilares sobre los que se funda el Estado colombiano.

Lo anterior se hace patente desde la propia construcción normativa del artículo 13 de la Carta, en la que la igualdad se concreta a través de tres tipos de ordenación: Esta dimensión de la igualdad permite -y en determinados contextos obliga- al Estado a adoptar medidas positivas en favor de esos colectivos o personas, que pueden consistir en una compensación transitoria para lograr la igualdad de oportunidades, en la entrega de beneficios concretos, o en cambios políticamente determinados en la distribución de recursos dentro de la sociedad [6].

En cuanto a lo segundo, se habla de un mandato de intervención , porque para alcanzar los ideales de igualdad, es también necesario que el Estado intervenga y despliegue actuaciones positivas para garantizar condiciones de igualdad real y efectiva, la igualdad de trato por parte de la ley art.

Significado relativo y relacional. La sencilla presentación que antecede, evidencia que la definición y concreción de la igualdad como pilar del orden jurídico, ha representado uno de los retos esenciales del juez constitucional.

Sin embargo, dicho criterio de justicia resulta vacío, si no se determina desde qué punto de vista una situación, persona o grupo es igual a otro. Lo anterior significa que la primera tarea del juez constitucional consiste en verificar la existencia de características o criterios de comparación relevantes entre los grupos a ser cotejados. Ahora bien, tanto el legislador como la administración tienen un margen de acción para adoptar decisiones políticas que, en alguna medida, pueden afectar la situación de unas personas y privilegiar la de otras en la sociedad, sin una justificación constitucionalmente razonable.

Las autoridades pueden entonces, emitir regulaciones que impliquen ciertas diferencias de trato, siempre que esas decisiones estén soportadas en una razón suficiente, es decir, constitucionalmente legítima o admisible [11]. En tal sentido, las medidas deben ser razonables y proporcionales [12] , juicio de igualdad de origen europeo [13] , que ha constituido una herramienta analítica poderosa para la aplicación del concepto. Con todo, como también expresó esta Corporación en las sentencias C de y C de , ante la diversidad de materias sobre las que puede recaer la actuación del Estado, se encontró oportuno incluir en el estudio de la igualdad por parte del juez constitucional, herramientas hermenéuticas de origen estadounidense, que hacen posible realizar escrutinios con diferentes grados de intensidad.

De tal suerte, el test de igualdad norteamericano se caracteriza porque el examen se desarrolla mediante tres niveles de intensidad. Con referencia particular a la ley, se ha dicho entonces que i por regla general se aplica un control débil o flexible, en el cual el estudio se limita a determinar si la medida adoptada por el legislador es potencialmente adecuada o idónea para alcanzar un fin que no se encuentra prohibido por la Constitución; ii el juicio intermedio se aplica a escenarios en los que la autoridad ha adoptado medidas de diferenciación positiva acciones afirmativas.

Formas de neutralizar la discriminación y garantías de igualdad material para los sujetos víctimas de ella. Dicho con brevedad, una discriminación se presenta cuando se adoptan tratos diferenciados entre personas o grupos en situaciones similares, sin que exista para ello una razón legítima.

En la sentencia C de , señaló la Corte: Por ello, se puede señalar que cuando entren en juego los derechos de grupos de especial protección , dentro de los que se incluyen los grupos tradicionalmente discriminados , y sean introducidas normas jurídicas que supongan para ellos afectación o disminución de sus derechos, opera prima facie una presunción de discriminación, basada en los criterios sospechosos que su trato desigual plantea.

Dicho de otro modo, para preservar la validez y vigencia de tal Derecho, resulta necesario desvirtuar este supuesto de hecho discriminatorio del que se parte [19]. En tales circunstancias se emplea el mencionado escrutinio judicial estricto [20] , conforme al cual se debe demostrar que la actuación y las reglas dispuestas, a pesar de generar un efecto adverso en un grupo marginado o discriminado, obedece i a una finalidad imperiosa, ii es necesaria para lograr dicha finalidad y iii es proporcionada, en el sentido de no sacrificar en exceso otros intereses constitucionalmente específicos en aras de promover la finalidad.

Lo que ocurre es que los operadores jurídicos deben justificar las medidas discriminatorias que adoptan. De tal suerte, si la regulación legal produce como resultado la discriminación, a cambio de partir de la presunción de constitucionalidad, el juez constitucional debe juzgarla bajo el criterio de sospecha y por tanto sujeta al test estricto de igualdad. A su vez los jueces, en el desarrollo de los procesos y en la aplicación del Derecho, les corresponde proteger el valor, el principio y del derecho fundamental a la igualdad, como parte de las garantías del debido proceso art.

O sea, igualdad ante la ley, igualdad en el respeto a las formas procesales, pero también en la prevalencia del derecho sustancial, igualdad ante las diferentes ideas de justicia que admite y reclama el Estado social constitucional. Y en la medida en que la prohibición de la discriminación como garantía del principio y derecho relacional de la igualdad parece evidenciarse no sólo como propia al discurso constitucional de algunos Estados, sino poco a poco, como norma del ius cogens , aceptada y reconocida por la comunidad internacional como un todo en tanto normas perentorias o imperativas respecto de las que no se permiten derogaciones, también y por su misma fuerza imperativa, se convierte en parte de los principios que estructuran las relaciones entre particulares.

Es decir que los individuos, las personas jurídicas, las empresas privadas son también responsables de la aplicación de la igualdad, en el marco de sus facultades y libertades, del ejercicio de su autonomía privada y de su forma de obrar como operadores de derechos fundamentales y legales de otros individuos [22].

La prostitución como fenómeno social ha sido desde siempre tratada por el Derecho [25]. En la actualidad su regulación es variada y constituye un buen ejemplo de régimen jurídico mixto de ordenación, en el que se disciplina la actividad al mismo tiempo que sus prohibiciones, limitaciones y autorizaciones. La regulación de la prostitución en el Derecho comparado. Siguiendo el trabajo de Rey, Mata y Serrano [26] , el fenómeno de la prostitución ha sido tratado por el Derecho desde tres modelos tradicionales: El modelo prohibicionista excluye el comercio carnal, de modo que el Derecho lo contempla pero para prohibirlo y sancionarlo.

El modelo abolicionista pretende, desde el punto de vista jurídico, la ausencia total de reconocimiento del fenómeno y de las actividades conexas por parte del orden jurídico. Lo que se elimina no es el hecho en sí de la prostitución, sino la aceptación de su existencia y por tanto de regulación normativa. Su fundamento se ha encontrado en la necesidad de proteger la familia, pero también la dignidad de las mujeres.

De tal suerte, se excluye la punición de la actividad individual, aunque se puede perseguir la organización de negocios destinados a la prestación de servicios sexuales.

El modelo reglamentista , difundido en Europa tras las conquistas napoleónicas, tiende a reconocer la prostitución como un mal social que al no poderse combatir, debe ser regulado a fin de evitar los efectos perniciosos relacionados con la salud, el orden social, la convivencia y buenas costumbres, que pudieren derivar de su ejercicio.

Esto significa que, antes que proteger a la persona que ejerce la prostitución, el Derecho cuida al cliente para quien se asegura un servicio con calidad y también a la comunidad, circunscribiendo el desarrollo de la misma a determinados territorios, Y, de modo indirecto, también se protege a quienes viven de la prostitución sin ejercerla, pues con la reglamentación se autoriza la explotación de establecimientos de comercio en los que se presta el servicio o se facilita el contacto entre trabajador o trabajadora sexual y clientes.

Naturalmente, en todos los modelos se persigue como delito la prostitución forzosa. Así ocurría en la Europa premoderna, donde se ponía especial énfasis en la sanción de la prostituta en lugar del cliente. En cambio, en algunas variantes actuales del neo-prohibicionismo, la intervención en la demanda asume una importancia fundamental, como en el caso de Suecia, donde desde entró en vigor una ley que condena al usuario de prestaciones sexuales, aplaudida en su momento por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo.

Inglaterra, desde mediados del siglo XIX, ha seguido un modelo abolicionista, que aunque no sanciona la venta de prestaciones sexuales ni condena al cliente, sí prohíbe la explotación de la prostitución así como el acto d inducir a la misma. En países como Italia y Francia, por ejemplo, no se encuentra prohibido ejercer el oficio, no obstante ser ilegal la organización de actividades, locales, dedicados a la prostitución, al igual que el proxenetismo. Por ejemplo en Holanda, el empresario debe concertar un acuerdo laboral escrito, debe garantizar la seguridad del servicio en términos sanitarios, las localidades han de contar con oficinas para presentar quejas contra la administración de los negocios de esta índole.

Infortunadamente, el paso a la formalidad, ha incentivado empero la clandestinidad pues las contribuciones y cargas que asume el empresario y el trabajador son mayores y en el plazo inmediato los ingresos de unos y otros se han reducido sustancialmente. En Alemania, se ha previsto una mayor cobertura social, facilitando a las y los trabajadores sexuales que su actividad esté legalmente asegurada, bien como trabajo por cuenta ajena, bien de manera autónoma o independiente.

Igualmente se reconocen límites al poder de subordinación patronal, dadas las características del servicio que se presta y en las que debe primar la voluntad de quien desarrolla directamente el trabajo. Sólo caben exigencias en términos de tiempo y lugar del trabajo. Se reconocen derechos a los trabajadores sexuales relacionados con sus libertades y también con el acceso a beneficios propios de quien emplea su fuerza de trabajo. El funcionamiento de los establecimientos donde se ofrece el servicio sexual, requiere en general de licencia, salvo el caso de micro-empresas.

Pues bien, del estudio de varios regímenes jurídicos de los Estados se establecen como conclusiones principales frente al tema las que vienen [32]: La prostitución en el Derecho internacional. El tratamiento de la prostitución por parte del Derecho internacional tiene por objeto la supresión y persecución del fenómeno, en cuanto se halla vinculado con delitos como la trata de personas o la explotación de seres humanos para alcanzar cuantiosos beneficios económicos.

Así mismo, se comprometen a castigar las casas dedicadas a la prostitución, a provocar su disminución y represión art. La promoción de la prostitución es calificada como infracción y acto delictuoso art. Se dispone sobre el compromiso de los Estados para suprimir las normas jurídicas que impongan a quien ejerce la prostitución a inscribirse en registros o a poseer documentos especiales de identificación art.

En ésta se dispuso en su art. Así mismo, se obliga a los Estados firmantes, a establecer como delito las conductas a que se refiere el convenio, a proteger las víctimas, asistirlas y otorgarles derechos, así como a establecer políticas de prevención y control art. Por esa vía, la ONU recrimina la prostitución como fuente de esclavitud, reprobada por el Protocolo para modificar la convención sobre la esclavitud, aprobado por la Asamblea General el 23 de octubre de Por ello sirven también como referencias desde el Derecho internacional sobre la materia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Convención de Palermo y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente en Mujeres y Niños [40].

T, aunque no existen pronunciamientos expresos sobre la prostitución, pueden encontrarse referencias valiosas en el Convenio no. El Derecho internacional entonces, no ha sido ajeno al fenómeno de la prostitución que, asociado con la trata de personas, se ha reconocido como una acción dañina sobre la persona sometida, próxima a la incursión de otros delitos, pero también a la generación de consecuencias humanas y sociales, como la proliferación de enfermedades venéreas, el deterioro de la integridad familiar y en general, de las condiciones de vida de quienes la ejercen.

En esa línea, sus normas se debaten entre el modelo prohibicionista y el abolicionista , con la punición de quienes promuevan como negocio la prostitución ajena y con la imposición para los Estados de adoptar medidas preventivas y rehabilitadoras. Algunas consideraciones adicionales desde el Derecho europeo. Mas, aparte de esta percepción plenamente justificada y compatible con los valores de la cultura europea, cabe destacar igualmente la postura adoptada sobre la materia, cuando se analiza a partir del Derecho comunitario y de los principios económicos que lo han inspirado.

Estimó el Tribunal a este respecto, que no se apreciaba en los referidos acuerdos, una pretensión de limitar sus efectos a ciertas y determinadas actividades. Pero no se queda allí el estudio. Mas agrega en seguida: Con base en las anteriores razones, respondió al juez nacional que con las restricciones propias a los acuerdos suscritos entre los Estados relacionados con el caso, estimaba que la persona que ejercía la prostitución podía ser considerada como titular de la libertad de circulación por territorio europeo, a los efectos de realizar actividades económicas o actividades no asalariadas.

Y así, q ueda por tanto claro, el reconocimiento jurídico de la prostitución como actividad económica, al menos en lo que hace a su ejercicio por cuenta propia. El Derecho colombiano ante la prostitución: El Derecho colombiano recoge sin grandes mutaciones las características destacadas en el derecho comparado e internacional, por contener la misma tendencia mixta o ecléctica, en la que se establecen medidas de todo tipo.

En efecto, como pasa a exponerse, existe una construcción compleja entre el régimen derivado del Derecho penal y el que se crea desde el Derecho policivo, por el cual la inducción de la prostitución con animus lucri faciendi es por sí sola punible bajo determinadas circunstancias 2. En el Código Penal Colombiano se pueden reconocer un conjunto de delitos que representan formas de reprimir parte de las formas comerciales en que la prostitución tiene lugar.

Así mismo se establecen, conforme la ley de , circunstancias de agravación punitiva relacionadas con la edad y condición de la víctima o relación con ella art. Sobre la constitucionalidad de esta disposición, se pronunció recientemente la Corte constitucional en sentencia C de , cuando resolvió la demanda por la cual se estimaba que con el art. En seguida, revisa el fenómeno de la prostitución en la jurisprudencia constitucional, desde el cual observa que dicho fenómeno es transversal a la cultura y a la historia de las civilizaciones y que, dada su magnitud y su impacto social, los Estados han preferido adoptar mecanismos preventivos de control, antes que medidas definitivas de erradicación [49].

A partir de lo anterior, estima que es legítimo suponer que el legislador puede penalizar las conductas dirigidas a promover, estimular y patrocinar la explotación sexual del ser humano, por cuanto este oficio de suyo afrenta la dignidad de la persona humana que la ejerce, fundamento del Estado art.

Con base en tales reglas, reconoce la afectación social de la conducta descrita en el art. Por todo lo anterior encuentra que el tipo penal previsto en el art. O si, como afirma el actor en ese caso, la sanción prevista en el art.

En este sentido, observa cómo pueden limitar legítimamente dicha libertad los deberes constitucionales de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios art. Lo mismo en lo que toca con el derecho a escoger libremente profesión u oficio, derecho igualmente limitable en guarda del interés general, o de evitar la lesión de otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos.

En esa medida el art. No hace parte de la libertad de sujeto alguno llevar a la prostitución a nadie y toda conducta destinada a tal propósito, teniendo como incentivo la percepción de lucro, acarrea responsabilidades penales.

Sin embargo, como a continuación se expone, la punición no alcanza a la persona que directamente ejerce la prostitución ni a toda actividad ejercida por los dueños de locales comerciales donde la misma se practica.

La prostitución desde el Derecho policivo. Aparte de la ordenación penal que se acaba de describir, se observan otras medidas legales orientadas a la reglamentación de la actividad desde el punto de vista urbanístico y de policía, así como a otras tantas de vocación abolicionista. En este sentido se habilitan competencias a las entidades territoriales para regular dicho manejo del suelo.

En el artículo , modificado por el artículo del Decreto de , se establece como definición sobre quién se desempeña en el oficio: A continuación se aprecia el artículo , en el que se consagra: Es decir que la actividad como tal, no puede ser objeto de sanción por sí misma. Disposición que como la interpretó la Corte Suprema de Justicia en su momento, no supone poder de sanción sino facultad para reglamentar la actividad, incluso para garantizar su correcto ejercicio [53].

Así, conforme al art. Y en el artículo De lo anterior se desprende que el tratamiento desde el Derecho policivo, concibe la actividad como regulable, a través de la reglamentación dispuesta por los entes departamental y municipal, pero cuyo ejercicio no es punible, aunque tampoco deseable, por lo que reclama medidas por parte del Estado. En este marco, aparece el Acuerdo No. En dicho capítulo, se prevé en primer lugar, un deber genérico de respeto y no intromisión, cuando el artículo 46 prescribe: Así en el artículo 50, se reconoce la normatividad a la que se deben someter la ubicación de los establecimientos donde se ejerza la prostitución [54].

Portar el documento de identidad y el carné de afiliación al Sistema General de Seguridad en Salud;. Asistir al servicio de salud para las actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como en caso de enfermedad o embarazo,. Para el desarrollo seguro de su actividad, observar los medios de protección y las medidas que ordenen las autoridades sanitarias.

Colaborar con las autoridades sanitarias que ejercen la prevención y el control de las enfermedades de transmisión sexual y atender sus indicaciones;. Realizar el ejercicio de prostitución en las condiciones, sitios y zonas definidos por el Plan de Ordenamiento Territorial POT y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten;.

Cumplir las reglas de convivencia ciudadana y respetar la tranquilidad, bienestar e integridad de las personas vecinas y de los peatones;. Respetar los derechos de las personas que ejercen prostitución;. Utilizar las protecciones especiales y observar las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias;. No exigir ni aceptar prostitución de parte de una persona menor de edad;. No realizar ni permitir maltrato social, físico, psicológico o sexual a las personas que ejercen prostitución;. No exigir a quien ejerce prostitución el consumo de bebidas embriagantes, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o tóxicas.

Obtener para su funcionamiento el concepto sanitario expedido por la Secretaria Distrital de Salud o su delegado;. Proveer o distribuir a las personas que ejercen prostitución y a quienes utilizan sus servicios, protecciones especiales para el desempeño de su actividad y facilitarles el cumplimiento de las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias;.

Colaborar con las autoridades sanitarias y de Policía cuando se realicen campañas de inspección y vigilancia;. Tratar dignamente a las personas que ejercen prostitución, evitar su rechazo y censura y la violación de sus derechos a la libre movilización y al desarrollo de la personalidad;. No permitir o propiciar el ingreso de personas menores de edad a estos establecimientos;. No permitir, favorecer o propiciar el abuso y la explotación sexual de menores de edad;.

No inducir o constreñir al ejercicio de prostitución a las personas o impedir, a quien lo realiza, retirarse del mismo si fuere su deseo;. No permitir, favorecer o propiciar la trata de personas;. No obligar a quienes ejercen prostitución a ingerir bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas;.

No permitir el porte de armas dentro del establecimiento;. No realizar ni permitir maltrato social, físico, psicológico o sexual a quienes ejercen prostitución;. No mantener en cautiverio o retener a quienes ejercen prostitución en el establecimiento, y. No realizar publicidad de cualquier tipo, alusiva a esta actividad, en el establecimiento.

Velar por el cumplimiento de los deberes y comportamientos de quienes ejercen prostitución en su establecimiento. Del estudio de la normatividad internacional, así como de la legislación penal, urbanística y de policía que de manera explícita y específica regulan la prostitución en Colombia y en el Distrito Capital, se encuentran como claves de la ordenación jurídica de la prostitución las siguientes: Es decir, que el Derecho prohíbe que alguien induzca a otro a prostituirse para obtener lucro, con independencia de que lo sea con persona plenamente capaz, conciente y que acepta voluntariamente la transacción; prohíbe naturalmente todo acto por el cual se fuerce a la prostitución a personas en condición de vulnerabilidad cualquiera.

Se trata pues de un sistema dispar que bien refleja las tendencias de la tradición jurídica frente a la prostitución.

De allí la tensión permanente entre la tendencia a erradicar la actividad a través de la prohibición y la punición de conductas y la que apunta por otro lado a reconocer derechos para las personas que la ejercen y a legalizar explícitamente la actividad en general. El a quo , aunque impuso medidas para que la Administración distrital atendiera el caso de la actora como madre gestante y lactante, niega la tutela de los derechos impetrados.

Visto así, reconoció que había derechos fundamentales en juego relacionados con la condición biológica y social de la actora, derechos fundamentales de prestación, de igualdad, con protección especial reforzada arts. Unas razones que, en todo caso, acotan intensamente las formas como se puede ejercer la prostitución, al excluir relaciones contractuales de las que se deriven obligaciones y derechos.

Por esto se hace necesario analizar la noción de licitud de las prestaciones y actos que conciben los sujetos, conforme a la Constitución y al derecho legislado 2.

Licitud a la luz de la Constitución y en especial del principio de dignidad humana. Por su particular incidencia existen dos elementos constitucionales de valor esencial para absolver la pregunta sobre la licitud o ilicitud de las prestaciones: En todo caso, los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes y lo que en ellas no se encuentre prohibido, prima facie se entiende permitido.

Junto con la libertad, dentro de las fuentes de definición de la licitud del acto de autonomía privada, se encuentra la dignidad humana art. Este enunciado normativo posee un significado inmenso en el ordenamiento constitucional colombiano como principio fundante, como principio constitucional y como derecho fundamental autónomo. Así precisó sobre los tres elementos: Tales valores se convierten en límites constitucionales definitivos a la disposición individual y al acuerdo de voluntades, pues son inherentes e inalienables.

Licitud a la luz del Derecho legislado. Así, el artículo del Código Civil, recogiendo la tradición jurídica proveniente desde el Derecho romano, establece las condiciones de validez de las obligaciones: Que sea legalmente capaz. Que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Que recaiga sobre un objeto lícito.

De los primeros ingredientes se desprende que no se crea derecho ni obligación, cuando la posición de derecho se asume por la fuerza o sin capacidad para adquirir responsabilidades exigibles. Unos requisitos subjetivos y volitivos que se hallan en consonancia con el derecho de libertad o libre desarrollo de la personalidad, con el reconocimiento a la personalidad jurídica y con el derecho que de ellos se deriva, de la autonomía privada [71].

El artículo del Código civil C. El artículo C. De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Y conforme al artículo del C. Ahora bien, sobre la causa de las obligaciones, dice el artículo La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Finalmente, respecto otra vez de las dos nociones, dice el artículo CC.: La causa ilícita, por su parte, es la que tiene por motivos para celebrar el acto o contrato, razones expresamente prohibidas por la ley o contrarias a las buenas costumbres o a normas imperativas del ordenamiento.

Por esto es que se establece en el artículo C. En consonancia con la doctrina civilista, lo primero por advertir es que la licitud de la prestación o del objeto del contrato, no se desprende del bien o atribución patrimonial en sí mismos, sino de la forma como se haya calificado jurídicamente la actividad de los sujetos y el contenido de los actos de autonomía que ejecutan.

Hay ilicitud del objeto, cuando se celebra un acto en el que se contemplan acciones expresamente excluidas de la libre disposición.

Esta noción evidencia un valor objetivo de interés esencial para el Estado. Así ocurre con el Derecho penal, el Derecho policivo, las medidas administrativas de ordenación y las restantes que así se reconozcan por el legislador. Todo a los efectos de que tal Derecho imperativo concreto, evidente y correctamente establecido, permita reconocer lo que delimita y restringe los derechos y facultades de la persona y de allí en adelante, sea posible el amplio despliegue de sus libertades [79].

La doctrina ha entendido de diversas maneras el concepto de buenas costumbres: Sin embargo, a la luz de la Constitución, estima la Sala que las buenas costumbres no pueden ser reconocidas sino dentro del Derecho y no como una figura paralela que pueda competir con él. En ese sentido, su desarrollo y su reconocimiento, deben respetar las reglas jurídicas y los derechos de libertad y dignidad previstos.

También, dados la pluralidad protegida y auspiciada por la Constitución art. Este mínimo de corrección equivale en la esfera individual , a que la noción de buenas costumbres como elemento para definir la licitud de una prestación, obligación o acto, deba operar en un espíritu de tolerancia como forma de respetar los principios de libertad y también de diferencia y sin reñir con el Estado de Derecho y el principio pro libertate. Ahora bien, en la esfera colectiva la noción de buenas costumbres hace posible el cumplimiento de objetivos sociales constitucionales derivados de la fórmula de Estado del art.

Bajo la anterior perspectiva la Corte ha concluido que en la actualidad, la autonomía de la voluntad privada se manifiesta: Prostitución, variedad de situaciones frente al derecho. En esta figura, tres son las relaciones que se tejen: Las relaciones que aquí se plantean son diversas: Pasa entonces la Corte a estudiar el tema frente a la actividad en su conjunto 2.

La prostitución, una actividad lícita con límites estrechos. El anterior criterio contrasta en efecto, con la predisposición que en la modernidad se ha tenido respecto de la prostitución, reputada como una actividad indigna de la protección del derecho. De ahí también que en especial la juez de primera instancia en este proceso, haya despachado el problema jurídico laboral formulado por la actora, con el argumento sencillo y rotundo de que la relación reclamada presenta objeto ilícito por ir en contra de las buenas costumbres.

Una actividad económica reconocida por el Derecho. En efecto, con base en los elementos de juicio que preceden, la prostitución debe considerarse prima facie una actividad lícita. Sobre el particular, se decía en la sentencia C de , al estudiar una norma legal por la cual se reconocía como falta contra el honor militar, el asociarse o mantener notoria relación, entre otras personas, con prostitutas o el practicar o propiciar la prostitución: Así, en todas las modalidades descritas, para la persona que la ejerce representa el ejercicio de la libertad, el derecho y el deber del trabajo y también, de un oficio que debe escoger con libertad y autonomía artículos 25 y 26 CP , asumiendo las cargas y riesgos que supone, pero también, ante todo, con la expectativa legítima de que la prestación de los servicios que depara le permita obtener un beneficio económico.

Porque quien de manera independiente organiza en torno de la prostitución un negocio, sea bar, grill, discoteca, o reservado, o cualquiera de las modalidades existentes en el mercado, ejerce la libertad del art. Es cierto que, como quedó dicho, el tipo contemplado en el art. Pero la imposibilidad de promover el ejercicio del trabajo sexual como forma de activar el funcionamiento del negocio propio, no significa eliminar por entero el ejercicio de la actividad empresarial en comento.

Acceso al mercado e instalación en zonas de la urbe determinadas, derecho a competir con responsabilidades, procura de un beneficio económico sin inducir a los trabajadores sexuales ni coaccionarlos, contratación, dirección, organización, todo para la permanencia en el mercado o en su caso, también facultad de retiro. El derecho comercial, el derecho tributario y el derecho indemnizatorio. En efecto, aunque sujeta a las restricciones que se derivan del alto impacto de la actividad, cuando la prostitución se ejerce en bares o establecimientos de comercio dedicados a ella, cabe como se ha dicho hablar allí de empresa, descrita en el art.

Registros que, como sucede en general con cualquier actividad comercial, permiten dar a conocer frente a terceros la existencia del establecimiento de comercio respectivo, a sus actos y datos de interés interpartes y para terceros, o en general para la seguridad jurídica []. Y, como se advertía, también por ser actividad económica, la prostitución viene a ser reconocida por el Derecho del daño, al determinar órdenes judiciales para la reparación no ya de los perjuicios morales, sino materiales generados por la pérdida de la persona que prestaba el servicio.

Así ocurrió cuando en sentencia del 7 de octubre de , el Consejo de Estado, Sección Tercera [] , revoca una decisión del a quo por la cual se había negado la pretensión del pago de perjuicios materiales reclamado por los hijos de una mujer que había muerto a manos de las FF. El Consejo de Estado estima que en este caso era procedente reconocer tales perjuicios, sobre la base de las siguientes consideraciones: Es decir que una obstrucción del derecho al trabajo sexual y a la actividad económica lucrativa que gira en torno suyo, pueden ser objeto de lesiones jurídicamente relevantes y reparables, con lo cual se corrobora, a contrario sensu , una regla primordial del derecho de daños que debe ser interpretada de todas formas de manera restrictiva: Igualmente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia de 18 de septiembre de [] , rechazó las pruebas orientadas a desprestigiar a la víctima con base en su comportamiento sexual anterior, bajo el siguiente razonamiento: Es decir que frente al abuso sexual, opera igualmente la protección jurídica para quien ejerce la prostitución, porque al ser una actividad lícita con la que una persona se desarrolla económicamente, puede ésta no solo ser víctima del delito en mención, sino que también puede buscar el amparo jurídico para evitar que su oficio se convierta en excusa para desconocer sus derechos [].

Actividad lícita, con todo y las buenas costumbres. Así se desprende del principio general de libertad y de la propia dignidad humana como derecho fundamental. También se sustenta y con fuerza determinante, en que es el principio del trabajo y son las libertades económicas libertad de trabajo, derecho-deber del trabajo, autonomía privada y libre iniciativa económica, todas ellas ejercidas por personas libres, concientes, capaces , las primeras en proveer de los recursos con qué satisfacer las necesidades personales y familiares y aumentar el patrimonio.

Una interpretación así supondría una ruptura de la coherencia del orden normativo, una suerte de venire contra factum proprium de los operadores jurídicos [] , por la cual se admitiría que la ilicitud de los acuerdos relacionados con la prostitución va en contra de las buenas costumbres, cuando por otra parte el Derecho objetivo reconoce la actividad como económica, la registra, la grava, impone a sus actores deberes y también les reconoce derechos [].

Pero, como el Derecho sí ha regulado el fenómeno, lo reconoce, lo regla y ordena y como la prostitución puede hacer parte del libre desarrollo de la personalidad y del vivir como se quiera y del vivir bien el ganarse la vida , no es admisible disponer ex novo , a partir de una moralidad de jueces, la ilicitud de aquellos acuerdos, cuando en la prestación u obligación que se analice se han cumplido a cabalidad con los principios y reglas que la someten, cuando no hay coacción, ni inducción, cuando se pacta en libertad, como decisión propia, autónoma, sin afectación de la integridad física o moral.

Tales concepciones no pueden ser reconocidas como finalidad imperativa para un trato desigual ante la ley, ni el argumento de idoneidad o necesidad que fundamente una discriminación en contra de quienes ejercen la prostitución o, en le marco de la legalidad, viven de ella. Y a este respecto vale la pena preguntarse: Bares, tabernas, discotecas, moteles, residencias, hoteles. Estos, le reconocen una comisión a aquellos, bien por el licor consumido con el cliente, bien sobre el costo que se cobra por la habitación, de manera que la prostitución en cuanto tal se entiende ejercida por cuenta propia.

Mas, aparte de tal modalidad, la opinio iuris pareciera estimar sin suficiente racionalidad ni fundamento [] , que no es admisible otro tipo de relación y en particular la derivada de un contrato de trabajo, pues una tal convención supondría objeto ilícito.

Así lo entendieron precisamente los jueces de instancia en este proceso de tutela. Apuntes sobre el contrato de trabajo y el Derecho laboral. En efecto dispone el artículo 22 del C.

Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. De esta disposición, en armonía con el art.

En la sentencia C de , la Corte al estudiar este precepto y en particular la subordinación acusada en ese caso por atentar contra los derechos al trabajo, la libertad y el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, la dignidad humana, entre otros, señaló cómo es éste el elemento determinante que lo diferencia de otras relaciones de prestación de servicios. Subordinación que es propia de la forma como se desenvuelven la propiedad privada y la libertad de empresa en los sistemas productivos de los regímenes políticos de estirpe liberal.

Dicho elemento es diferenciador, no sólo frente a los contratos civiles y comerciales, sino frente a otras relaciones de trabajo existentes. Estas, reconocibles a través de diversas figuras como los contratos de prestación de servicios y las órdenes de servicios, entre otros, aunque en determinadas circunstancias han dado lugar al reconocimiento de derechos equiparables a los laborales [] , en todo caso se diferencian de estos en que no hay una relación en la que alguien se subordina a otra persona natural o jurídica que desarrolla una actividad económica independiente para prestar servicios o producir bienes para el mercado.

Sobre el salario, dice el art. También cabe destacar el artículo C. Las propinas que recibe el trabajador no constituyen salario.

E igualmente el artículo C. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc. A esta regla suma, la figura del salario integral. Se habla del principio de protección no sólo frente a la vida e integridad del trabajador art 56 C. De ahí el principio de favorabilidad art. De modo que siempre que se den las condiciones materiales de la relación de trabajo, viene a operar la presunción y corresponde al empleador desvirtuar la misma y demostrar que la relación con el trabajador es de otra naturaleza [].

A las anteriores precisiones deben sumarse otras, que resultan valiosas para el proceso. Y en cuanto al verbal, dice el artículo 38 C. La índole del trabajo y el sitio en donde ha de realizarse; 2.

La cuantía y forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea, a destajo u otra cualquiera, y los períodos que regulen su pago; 3. También conviene, en repaso veloz, reconocer las obligaciones que asumen las partes del contrato. En lo que hace al empleador, se aprecia la obligación general de brindar protección y seguridad al trabajador art.

Son ellas el disponer de los bienes y recursos necesarios para la realización de las labores art. También se consagra la de conceder los permisos de ley [] , expedir los certificados laborales requeridos, pagar los gastos de traslación del trabajador de su lugar de residencia, cumplir el reglamento y mantener la moralidad y el respeto a las leyes art. Se consagran adicionalmente otras obligaciones de no hacer art 59 C. El trabajador, por su parte, debe actuar con lealtad y obediencia art.

Y como obligaciones especiales art. Y en lo que se refiere a las prohibiciones art. Salvo las reglas especiales que prevalecen arts. Con estas disposiciones sumadas a los elementos esenciales, se observa que son objeto y causa del contrato de trabajo, las prestaciones de hacer, dar y los derechos de recibir un provecho. Esto es, la prestación laboral para realizar por cuenta ajena , una obra o un servicio que siendo posibles, lícitos y determinados, sirvan a los intereses del empleador quien por aprovechar esa capacidad de trabajo, paga un salario acordado.

Un contrato que entonces tiene por causa o finalidad de las partes, la ejecución del trabajo para el patrono y para el trabajador la obtención de una retribución prometida, lo que planteado desde el enfoque constitucional, representa entonces el ejercicio de libertades económicas de trabajo y de empresa , que como se ha visto, deben regirse por la Constitución, la ley y las buenas costumbres o valores culturales constitucionales que ellas representan. Con todo, como observación particular sobre estos elementos, cabe destacar que interpretando el Derecho, la doctrina plantea que cuando se celebra un contrato sin que el trabajador tenga capacidad jurídica o cuando la prestación a la que se ha comprometido tenga objeto o causa ilícita, demostrada la buena fe de aquél, esto es, que desconocía la existencia de tales vicios, puede demandar el pago de sus acreencias laborales [].

En efecto, si bien se establece en el artículo 43 C. Con esta disposición, se dice, viene a reforzarse el sistema de garantías normativas propias del Derecho laboral, pues junto con la presunción del contrato de trabajo art. Esto en lo que se refiere a la descripción general del Derecho laboral. Se presentan a continuación algunos elementos relacionados con el trabajador, relevantes en el caso.

Condiciones subjetivas del trabajador: Para el caso de la mujer, que es también sujeto de especial protección que interesa en este asunto, en términos generales la discriminación ha estado basada en concepciones patriarcales de organización social y también en prejuicios por los cuales durante mucho tiempo el propio Derecho ha tenido a la mujer como sujeto inferior y por tanto subordinable.

De allí que uno de los leitmotiv del Estado constitucional, social de derecho y pluralista, haya sido precisamente el reconocer entre las muchas desigualdades existentes e intolerables, la de la mujer, a fin de superarla a partir de políticas de inclusión, reconocimiento de derechos específicos y naturalmente garantías jurídicas especiales [].

Se protegen asimismo los derechos de los niños art. También el ordenamiento internacional ha dispuesto normatividad a fin de proteger a la mujer embarazada o lactante que trabaja. Pues bien, tales mandatos han tenido ordenación legal específica en el artículo del Código Sustantivo de Trabajo, subrogado por el artículo 35 de la Ley 50 de , cuando prescribe: Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de su embarazo o lactancia.

Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del período de embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto, y sin autorización de las entidades de que trata el artículo siguiente. Por ello determinó que el art. Por su parte, el artículo del CST, ordena al empleador acudir al inspector del trabajo, antes de proceder al despido de una mujer durante el periodo de embarazo o de lactancia, para que éste decida sobre la constitucionalidad y legalidad de la medida.

Es decir, que la estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo es un derecho cuya protección se manifiesta con la ineficacia del despido y el pago de las indemnizaciones determinadas en la ley, cuando el empleador no cumple con las formalidades legales.

Al mismo tiempo, es una protección que, como lo ha ido perfilando la jurisprudencia de este Tribunal, se configura independientemente del tipo de relación laboral a la que esté sujeta, sea con contrato laboral, sea de otra naturaleza []. Bajo este contexto y a fin de hacer efectiva su protección en el ordenamiento jurídico, se crea la presunción de que el despido aconteció en razón al estado de embarazo, cuando aquél ocurrió durante el período de gestación o durante los tres meses posteriores al parto y el empleador no hubiera solicitado la autorización de despido a la autoridad competente.

En este caso, con el objetivo de desvirtuar la presunción, al empleador le corresponde probar justa causa legal para la terminación de la relación laboral []. Así mismo, la mujer trabajadora también se protege cuando en ella se manifiesta la condición de madre cabeza de familia. Con todo, lo ha clarificado la jurisprudencia, esta condición no depende de una formalidad jurídica sino de las circunstancias materiales que la configuran [].

En adición se contempla en su artículo 18 que: La declaración y protección de derechos específicos a la mujer madre cabeza de familia, ha señalado esta Corporación [] , tiene los objetivos de: Lo que aquí se observa es un reconocimiento de lo muy especialmente tratada que ha de ser en el Estado colombiano, la mujer en cuanto tal, pero en particular la mujer madre y cabeza de familia, pues el apoyo que debe recibir del Estado tiene fundamento no sólo en el principio constitucional de igualdad contemplado en el art.

Contrato laboral entre persona que ejerce la prostitución y establecimiento de comercio: El problema jurídico que aquí se plantea, es si puede una persona aceptar obligarse a la prestación de servicios sexuales que desarrolla por cuenta ajena, sometida a condiciones de subordinación y dependencia, a cambio de un salario.

Y si de ser la persona que ejerce la prostitución mujer, madre y cabeza de familia, puede en adición ampararse en la garantía de estabilidad reforzada laboral que se predica en general de este tipo de mujeres en sus relaciones laborales. Estudiosos del derecho, así como organizaciones sociales, han formulado diversos argumentos desde los cuales se defiende una solución negativa o positiva a este interrogante [].

De tal suerte, el subordinar la voluntad de alguien para que tenga tratos sexuales con un tercero, aparece contrario de modo radical con tales valores. De allí la repulsa que generalmente suscite formular el asunto.

Mas, estima la Sala que esta interpretación merece matices, pues de no aplicarlos estaría la Corte Constitucional, llamada, no se olvide, a amparar sin discriminación ninguna los derechos fundamentales de las personas y en particular los de aquellas que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, reproduciendo un comportamiento explicable pero insostenible desde el punto de vista de la eficacia que reclama la Norma suprema.

De este modo, la actividad se desarrolla, pero partiendo del supuesto de la independencia absoluta del tales sujetos. Sin duda, así lo estima la Sala. El titular del negocio o su administrador, conoce y consiente tales circunstancias de quienes prestan dicho servicio, siendo él quien controla las copas tomadas y quien suministra una ficha por cada consumición, para así abonar luego la comisión que corresponde.

Lo normal en estos casos, era que los contratos celebrados con las muchachas dedicadas a este oficio, fuesen orales y no estuvieren vinculadas a la seguridad social. Sin embargo, gracias a la interpretación de los jueces laborales [] desde el año de , se ha venido reconociendo allí lo que es evidente, a saber, auténticos contratos de trabajo de los cuales se deben derivar todas las prestaciones y medidas de protección que amparan este tipo de acuerdos [].

Esta postura, empero, no se compadece con la adoptada por los mismos jueces también por los civiles , cuando el trabajo o prestación se presenta en sus verdaderos términos, esto es, para proveer de servicios sexuales []. Porque como lo describen los estudios arrimados al proceso [] , la misma se centra en la labor de reunirse con los clientes que asisten a los establecimientos de comercio, para que éstos consuman en su compañía el licor que allí se vende.

No se habla de servicios sexuales, sino simplemente de estrategias de seducción para incrementar el expendio de bebidas alcohólicas. No lo estima así la Sala. Los argumentos hasta ahora exhibidos se consideran suficientes para determinar que no es necesaria una manipulación perversa y pacata del Derecho viviente, como la que acaba de presentarse []. Protecciones laborales plenas para la mujer trabajadora sexual por cuenta ajena?

O si algunas garantías de protección laboral pueden ser, como ha ocurrido en otras actividades, extensibles a otras relaciones de trabajo distintas del contrato laboral propiamente dicho que también pueden tejerse en el ejercicio de la prostitución; si cabe reconocer contratos semejantes no ya con un establecimiento sino con un cliente en concreto.

Determinar si cabe reconocer un derecho a la asociación sindical o para crear cooperativas de trabajo asociado destinadas a la prestación de tal servicio. No puede la Sala pronunciarse sobre todos estos interrogantes.

Mas, aparte de estos elementos de juicio, la Sala debe responder a la pregunta sobre si la aplicación del Derecho del trabajo para los trabajadores sexuales llega al punto de imponer por mandato judicial en aplicación de la Constitución y la ley, el derecho a ser reintegrado.

Por lo mismo, el Estado debe asegurar las oportunidades para que los sujetos puedan ejercer su libertad y determinar su desarrollo personal, un mecanismo considerado poderoso a efectos de promover el bienestar de los y las trabajadoras del sexo y el de sus familias [].

Solución del caso concreto. En otras palabras, los requisitos de procedibilidad son aquellos presupuestos indispensables, desde el punto de vista procesal, para ejercer una determinada acción, sin cuyo cumplimiento no es posible que el juez se pronuncie de fondo.

La procedibilidad desde el punto de vista de los sujetos de la acción de tutela, debe ser estudiada tanto por activa a. El sujeto activo de la acción y su condición de mujer cabeza de familia y trabajadora, gestante y lactante y perteneciente a un grupo históricamente discriminado, digna de protección especial por parte del Estado.

De conformidad con la Constitución, el Decreto de y la jurisprudencia de esta Corte, la acción de tutela ahora estudiada es procedente desde el punto de vista de la accionante, toda vez que es ella una persona natural, por tanto sujeto de derechos fundamentales que reclama para sí y para su familia. Pero también se reconoce en ella legitimación por activa para este mecanismo excepcional de los derechos fundamentales, por cuanto es mujer gestante al momento de interponer la tutela y en la actualidad lactante y madre cabeza de familia.

Condiciones a las que se suma el ser una persona inscrita en el SISBEN en el nivel 1 folio 34, cuaderno principal y el acudir a la tutela para exigir derechos que tienen origen en su actividad como prostituta.

La condición material de ser madre cabeza de familia, se demuestra en el hecho de que la responsabilidad frente a sus hijos la asume sola, sin contar con la ayuda del padre de los niños. El marido no lo conozco, pero no le ayuda. En fin, esta Sala de Revisión, recogiendo una tradición de la jurisprudencia de tutela, pero también haciendo efectiva una de las señas de identidad del Estado constitucional, estima que la acción ejercida por doña LAIS es procedente porque así lo determina la condición de prostituta que asume como base para su petición de amparo.

Pues el haber ejercido la prostitución no demerita sus condiciones personales para que sus derechos fundamentales sean protegidos por vía de tutela. Justo al revés, las refuerza. Y esto es así, por las razones que se han aducido en esta providencia predicables enteramente respecto de LAIS, razones que, valga precisar, ha tenido muy claras la propia accionante, cuando en su declaración de parte recibida el 19 de febrero de en la Corte constitucional, afirmó con certeza: No me parece que uno sea una mala persona por desempeñar esa labor.

En este sentido, excluye a ALF de toda representación suya en el proceso []. Sobre si tiene con él un contrato de prestación de servicios o una sociedad con él, afirma: Cosa distinta es que los hechos se refieran a los administradores del establecimiento, pues fue con ellos con quienes tuvo lugar el contrato laboral alegado por actora.

Es decir, que aunque los derechos laborales iusfundamentales que se dicen vulnerados tuvieran lugar en actuaciones realizadas con el señor ALF o también con la señora BOREAL y no con ZOTO, aquellos representan a éste en lo que a obligaciones con los trabajadores se refiere.

En fin es ZOTO el sujeto pasivo del proceso pues por los hechos de la demanda, por los derechos que se estiman violados y muy en particular, por las pretensiones de la actora, es la persona jurídicamente responsable de la obligación laboral creada.

Procedencia desde el punto de vista objetivo. Esta interpretación reconoce otra manifestación de la garantía constitucional para proteger a la madre trabajadora, al estimar procedente la tutela como vía judicial para hacer efectivos derechos laborales, pues para ellas como regentes del hogar, la privación de los mismos hasta las resultas del proceso ordinario, hacen a este mecanismo no idóneo ni eficaz.

Estas mismas circunstancias hacen igualmente que se pueda configurar un perjuicio irremediable, pues la situación del despido coloca a la mujer en cuestión y a sus hijos ante la amenaza inequívoca de quedar privados de su derecho al mínimo vital.

Pues bien, en el presente asunto para la Sala no cabe duda alguna que todos estos elementos de procedibilidad se hallan reunidos. Yo la vi como gorda yo le pregunté que si estaba embarazada y ella me decía que no … un policía … me dijo que esa muchacha estaba embarazada y no se podía tener … Es que ya estaba gorda y como nosotros no hacemos contrato con nadie, ya no se podía tener ….

Y aunque desconoce la fecha del retiro precisó: Como quiera pues que se reclama la protección de derechos laborales fundamentales por una mujer trabajadora que ha sido despedida por causa de su estado de embarazo, la acción de tutela impetrada por LAIS resulta procedente también desde el punto de vista objetivo.

Una dimensión de raigambre constitucional, que a su vez determina las razones por las cuales es el juez de tutela, antes que el ordinario, el llamado a asumir la competencia para conocer del caso y para proveer, si las pruebas lo permiten, la protección judicial privilegiada del amparo constitucional que toda trabajadora, madre cabeza de familia, lactante o gestante posee, cuando su empleador incumple de manera injustificada y con grave afectación para sus condiciones de vida y de los suyos, las obligaciones laborales que conforme al Derecho le corresponden.

Prosperidad de la acción. Con las precisiones que ha ido efectuando la jurisprudencia constitucional, para la prosperidad de las pretensiones de tutela en el caso de la protección de derechos laborales fundamentales de las mujeres embarazadas o lactantes o madres cabeza de familia, deben hallarse acreditados en el expediente los siguientes hechos: De este modo, corresponde a la Sala establecer si en el proceso han quedado acreditados tales supuestos.

No obstante, antes de dicha verificación, debe primero la Sala determinar si la relación laboral supuesto de los hechos de la demanda existió y generó derechos y obligaciones, o si por el contrario, como afirmó el accionado, el reclamo de LAIS no tendría fundamento alguno, dado que ese contrato de trabajo nunca tuvo lugar ni por lo mismo pudo generar los derechos cuyo amparo se solicita 2.

Existencia de un contrato de trabajo. Para llegar a esta conclusión, la Sala debe tener en cuenta primero las presunciones y reglas del derecho probatorio que encuentra operantes en el caso concreto a.

Las presunciones constitucionales y legales y los testigos sospechosos. Tres reglas probatorias deben ser tenidas en cuenta a los efectos de esclarecer los hechos objeto de debate: En primer lugar la presunción del artículo 24 del C. T, modificado por el art. Esta presunción constitucional art. Es decir que con su afirmación simple no cumplió con la carga probatoria que la situación le merecía.

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